Los jueces y fiscales de Dos Hermanas se han sumado este jueves, día 5, a un paro convocado a nivel nacional en defensa de la independencia judicial y por una serie de peticiones para la mejora del desempeño de sus funciones.
Es la primera vez que todas las asociaciones de jueces y fiscales de toda España se ponen de acuerdo para llevar a cabo estas reivindicaciones, que se han introducido en un manifiesto, del que se dio lectura durante el paro en las puertas de los juzgados nazarenos.
El manifiesto contiene 14 medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales el pasado mes de junio de 2017 y que fueron asimismo asumidas por 1.200 juntas de jueces de todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados.
En declaraciones a las puertas del juzgado, la fiscal jefe de Dos Hermanas, Mª Ángeles Calvo aseguraba que «a día de hoy no tenemos la mínima capacidad de independencia legal y fiscal«. Afirmando que «lo único que garantiza la democracia es división de poderes, ya que el fiscal, además de juzgar a la ciudadanía, también tiene la potestad de controlar al ejecutivo».
Una labor que se hace complicada cuando el presupuesto judicial depende directamente del ejecutivo. En este sentido, Calvo explicó que cuando el salario mínimo interprofesional está en cuatro euros y medio la hora, «los jueces y fiscales que hacemos guardias de ocho días, el salario no llega a un euro y medio la hora«. Ante esta situación y el «mutismo» del Gobierno de la Nación se ha decidido llevar a cabo estas medidas de protesta.
Lo que se solicita en el manifiesto es reforzar la independencia judicial, modernizar la administración de justicia en calidad y eficacia, mejorar las condiciones profesionales y del Ministerio Fiscal.
La mayoría de las medidas solicitadas se amparan en la presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial, que recupere el régimen competencial de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.
Asimismo, entre otras propuestas, solicitan incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años o la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
