La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Francisca Díaz Alcaide , ha formado hoy los convenios con los 16 municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes para el Programa de Tratamiento a Familias, por el que se seguirá prestando la atención necesaria a 2.182 menores. En el caso de Dos Hermanas lo ha hecho con la delegada de Bienestar Social del consistorio nazareno, Lourdes López.
Los convenios firmados forman parte de los 90 que suscribirá la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, junto con las ocho Diputaciones Provinciales, por un importe de más de 18 millones de euros. En el caso concreto de Sevilla, la provincia cuenta para ejecutar el programa con un presupuesto de algo más de seis millones de euros de los que 3,5 son aportados por la Junta y 2,5 por los municipios y la Diputación Provincial, según ha informado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Esther Gil.
La principal novedad es la garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local, “ya que se sustituye el mecanismo de subvenciones a las entidades por otro de transferencias”. Así, con este cambio, “los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones provinciales recibirán una aportación anual prevista en el presupuesto autonómico para esta materia y, por tanto, no sujeta a una solicitud”.
Por su parte, la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha subrayado la importancia de este “programa de acción social directa sobre un colectivo tan vulnerable como el de los menores y, por ende, sus familias”, a través del cual se proporciona a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador para facilitar la adquisición de pautas rehabilitadoras.
Asimismo, ha indicado que el programa tiene unos “objetivos muy concretos como mitigar los factores de riesgo para evitar la separación de los menores del seno familiar”, siempre velando por el interés del menor. Igualmente, se pretende capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.
Se trata de preservar los derechos de los menores y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores, ha matizado.
Díaz Alcaide ha explicado que el programa se desarrolla a través de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) que “atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos”. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores por parte de la Administración.
Igualmente, se ha introducido como novedad que los Equipos de Tratamiento Familiar deberán abordar de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido. Asimismo, colaborarán con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación.
Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) atienden cada año en Andalucía a más de 6.000 familias (1.139 en la provincia de Sevilla) y unos 12.000 menores (unos 2.180 en la provincia sevillana).