Si hay algo que no se le puede reprochar al gobierno de Rodríguez Zapatero es la coherencia mantenida por su gabinete económico en un continuo que va desde el ministro de Economía a los asesores personales del Presidente adscritos a la Oficina Económica de la Moncloa.
Todos, sin excepción, se encuentran marcados por una rotunda impronta neoliberal que no tratan siquiera de disimular por muy socialista que, sin conseguirlo, pretenda ser el gobierno para el que trabajan.
Sobre Pedro Solbes poco puede añadirse a su declaración pública de economista neoliberal, salvo que se aplica fervientemente a refrendarla con las políticas aplicadas desde su ministerio.
Sobre el anterior director de la Oficina Económica de la Moncloa y actual candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Sebastián, ya hablé en su momento y a lo allí expuesto me remito.
Ahora toca hablar del sucesor de éste al frente de dicha Oficina, David Taguas, y sus últimas sugerencias para reformar el sistema público de pensiones contenidas en un trabajo publicado junto a María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social. Como verán, no tienen desperdicio.
Por sus propuestas los conoceréis.
Según Taguas, el sistema público de pensiones y, concretamente, el sistema contributivo será deficitario a partir del año 2011, momento en el que entrarán en juego los recursos acumulados en el fondo de reserva de las pensiones -actualmente, unos 40.000 millones de euros- y permitirán enjugar ese déficit entre siete y diez años más. A partir de entonces el sistema necesitará de la financiación del Estado.
Esta conclusión está en línea con las de muchos otros trabajos anteriores que hace tiempo que vienen prediciendo en tono catastrofista la crisis de la Seguridad Social y que, cuando llega el momento anunciado para la crisis y lo predicho no se concreta, quedan estrepitosamente en evidencia.
Y esas predicciones suelen fallar porque los supuestos sobre la evolución de las principales variables implicadas, ya sean demográficas o laborales, son cuidadosamente establecidos para que el resultado del trabajo avale las propuestas de reforma que los autores querían defender tras diagnosticar la mala salud del sistema público de pensiones.
Como no podía ser menos, también en este caso las propuestas son claramente definitorias de las intenciones de los autores.
En primer lugar, éstos sugieren la necesidad de aplicar una revalorización anual de las pensiones medio punto por debajo del IPC o, lo que viene a ser lo mismo, que las pensiones vayan perdiendo progresivamente poder adquisitivo.
¡Como si a nuestros jubilados no les resultara ya complicada la supervivencia! Un reciente estudio de la aseguradora AXA ha puesto de manifiesto que el 65% de los jubilados no llega a final de mes y que cobran mensualmente un 23% menos de lo que necesitarían para vivir, siendo las pensiones públicas su principal -y, en muchos casos, única- fuente de renta. Asimismo, en 2005 más de 675.000 jubilados vivían por debajo del umbral de pobreza y no es de esperar que la situación haya mejorado mucho en este tiempo.
En segundo lugar, esos autores también plantean la necesidad de ampliar desde los 15 años actuales a toda la vida laboral el periodo exigido de cotización para el cálculo de la cuantía de la pensión. Con esta medida se trata de reforzar, básicamente, la contributividad del sistema vinculando la prestación recibida al número de años que se haya cotizado.
Sin embargo, en un contexto de precariedad laboral como el que padece el mercado de trabajo español; con una creciente dificultad por parte de la población activa para mantener carreras laborales completas, continuadas y estables; y con una base media de cotización de los trabajadores asalariados que se incorporan a la Seguridad Social cada vez menor (lo que constituye la prueba inequívoca de la caída relativa de los salarios que perciben los nuevos trabajadores que entran en el mercado laboral en estos años), una reforma como la que defiende Taguas sólo puede redundar en pensiones futuras más bajas para estos trabajadores.
Y, lo que es más grave aún, si el panorama laboral no mejora y los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, este tipo de reformas daría lugar a una caída de las pensiones que no podría siquiera ser compensada con aumentos en el ahorro privado porque los trabajadores carecerían de renta suficiente para constituir fondos de pensiones privados.
Finalmente, la última medida que plantean sería el retraso obligatorio de la edad de jubilación a los 70 años frente a los 65 actuales.
La lógica es evidente: se trata de aumentar el periodo de cotización y reducir el de disfrute de la prestación. Lo que, si se me permite la hipérbole, nos conduciría a plantear que, para Taguas, si nos pudiéramos morir antes de los 70 mejor que mejor, ¡eso que se ahorra la Seguridad Social!
Hechas estas propuestas para equilibrar el sistema a largo plazo, y no satisfechos con ellas, los autores plantean finalmente la posibilidad de realizar reformas estructurales adicionales que desemboquen en un modelo de capitalización individual lo más pronto posible.
No se equivoquen, la cuestión es otra
No vayan a pensar que este tipo de discurso es inocente. Desde hace años, los grandes agentes financieros han costeado la elaboración de proyectos de investigación que, como éste, están destinados inequívocamente a predecir la quiebra, más o menos cercana, del sistema público de pensiones y a justificar la necesidad de ir introduciendo reformas que apunten hacia su progresiva privatización.
En ese sentido, y con la excusa de preservar la viabilidad financiera del sistema público de pensiones a largo plazo, se han ido introduciendo reformas en la línea de las planteadas por Taguas y Sáez que han ido mermando la capacidad de las prestaciones públicas para mantener unos niveles de vida aceptables para sus beneficiarios.
Por decirlo en román paladino, este tipo de reformas y la lógica perversa que las sustenta acaba anteponiendo la salud financiera del sistema a la supervivencia de los propios pensionistas. Y, así, la pensión deja de cumplir su función esencial, preservar unos niveles de vida dignos para sus beneficiarios una vez que éstos abandonan su vida activa, y acaba convertida en la variable de ajuste de un sistema que se pretende extender en el tiempo aun cuando no satisfaga su objetivo más elemental.
Pero, además, entrar a la discusión de este tema en estos términos encierra una trampa de partida que oculta, bajo la retórica actuarial, una cuestión de principio que necesariamente debe ser puesta sobre la mesa antes de entrar en el debate anterior.
A saber, aun cuando lo deseable es que sea superavitario, no se explica nunca por qué el sistema público de pensiones no pueda ser deficitario. ¿Por qué, si eso llega a ocurrir, no pueden ser complementadas las contribuciones de los trabajadores con aportaciones del Estado? ¿Por qué nadie se preocupa del déficit y la viabilidad a largo plazo de la Casa Real o del Ministerio de la Defensa y sí del de las pensiones públicas? En estos últimos casos, como en otros muchos, se asume su naturaleza deficitaria y se financia entre todos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, ¿por qué no cabe asumir el mismo punto de partida con las pensiones públicas? Tanto más cuanto éstas dan contenido, junto a la sanidad o la educación (administraciones, por cierto, también deficitarias), a un compromiso colectivo que se sustenta sobre los principios de solidaridad y justicia y constituye una de las piedras basales de nuestra sociedad.
Y, ¿saben por qué el principal asesor económico del presidente de este país no asume este punto de partida y anda prediciendo la quiebra del sistema y proponiendo reformas que sólo perjudican a los jubilados? ¿Saben por qué en lugar de poner sus amplios conocimientos al servicio del mayor bienestar colectivo anda vaticinando reformas que están en línea con las apuntadas por los grandes agentes financieros que anhelan hacerse con el negocio de las pensiones?
Para encontrar la respuesta de esas preguntas basta con que sepan el cargo desde el que Taguas firma el estudio en cuestión y que resulta, a su vez, muy ilustrativo de dónde ha ido el presidente Zapatero a buscar a sus asesores: subdirector del servicio de estudios del BBVA. ¡Qué casualidad, ¿verdad?!
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación de Estudios Politico Sociales (CEPS). amontero@uma.es
